Reparten el IGV para favorecer a los alcaldes y no a los ciudadanos, pero el MEF dice que no pasará nada.
La norma aprobada por el Congreso que reduce la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) en dos puntos porcentuales para destinarlo al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) por amplia mayoría y sin ningún informe técnico previo, ha generado diversos cuestionamientos por parte de los economistas —excepto por el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes—, debido a su impacto en la sostenibilidad fiscal y para los ciudadanos.
Actualmente, pagamos 18% de IGV sobre el precio de los bienes y servicios. De este total, dos puntos van al Foncomun y el resto, 16 puntos, al Tesoro Público. Con la flamante “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales”, aprobada la semana pasada, la participación del Foncomun se duplicará a 4%, reduciendo a 14% la tasa para el gobierno central.
Lee también:
Noboa arranca gobierno con mano dura y promesas de inversión
La modificación empezaría a regir el 1 de enero de 2026, con un incremento de 0.5 puntos porcentuales por año hasta alcanzar el 4% en 2029. Dentro del dictamen que aprobó la Comisión de Economía solo recibió opinión de la Asociación de Municipalidades del Perú, que se mostró a favor, y de la Presidencia del Consejo de Ministros que sí “formuló observaciones a la iniciativa”, aunque no se detallan en el texto de la norma.
El extitular del MEF Waldo Mendoza cuestionó la norma, debido a que generaría pérdidas para el gobierno central de alrededor de S/10,000 millones por año. Para Mendoza, “no es desatinado” pensar que este proyecto apunta a ganar popularidad con los alcaldes e indicó que generaría inestabilidad fiscal.
Tanto los economistas Elmer Cuba como Alberto Arias coinciden que la menor recaudación de IGV para el gobierno central le abre a este último dos caminos. O reducir el gasto en S/10,000 millones con las implicancias sobre la inversión pública y por ende en el crecimiento económico; o, aumentar el gasto a través de deuda, afectando las finanzas públicas. En ambos casos, los consumidores nos veremos afectados, sostuvo Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía.
