La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República ha convocado este jueves 26 de diciembre a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, para que rinda cuentas sobre su presunta vinculación con una red de prostitución operando en el Parlamento.
La sesión extraordinaria, liderada por el congresista Juan Burgos, iniciará a las 11:00 a. m. y se centrará en esclarecer los criterios utilizados por Torres Saravia para la selección y contratación del personal en dicha oficina. Además, el exfuncionario deberá responder a las acusaciones que lo señalan como parte de esta supuesta organización ilícita.
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Por otro lado, también se ha citado al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, para que explique el acuerdo de la Mesa Directiva que permitió la designación de Torres Saravia en la Jefatura de Asesoría Legal y Constitucional.
Investigación en marcha por presunta trata de personas
El caso tomó mayor relevancia tras la destitución de Torres Saravia, ordenada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, luego de que un reportaje lo vinculó con esta presunta red de explotación sexual. A raíz de ello, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro abrió una investigación preliminar el pasado 18 de diciembre por el supuesto delito de explotación sexual contra mujeres no identificadas.
La División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional también ha iniciado diligencias para esclarecer estos hechos.
Un caso marcado por violencia y tragedia
Un elemento que agrava esta situación es la muerte de Andrea Vidal Gómez, excolaboradora de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. Vidal, quien había dejado su puesto en septiembre, falleció el 17 de diciembre, una semana después de ser atacada a balazos por presuntos sicarios mientras viajaba en un taxi en La Victoria. Su muerte ha generado preocupación y exigencias de justicia en medio de estas graves acusaciones.
Este jueves, las respuestas de los citados serán clave para avanzar en las investigaciones y determinar responsabilidades en este caso que pone en entredicho la integridad del Legislativo.
