Las organizaciones sociales de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas evalúan el retorno de movilizaciones para los primeros días de enero
Las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte no terminan, las organizaciones sociales de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas (Apurímac) evalúan el retorno de movilizaciones y protestas desde los primeros días de enero.
Por su parte, el gobierno anunció la instalación de una comisión multisectorial para analizar la opción de otorgar reparaciones económicas o un apoyo solidario a los familiares de los fallecidos en el contexto de las protestas y la represión estatal.
ACUERDOS
Las organizaciones sociales de Huancavelica se reunirán para analizar la coyuntura y la decisión adoptada en el Congreso sobre mantenerse en sus cargos hasta julio del 2024. Luego de analizar la situación, se tomará una decisión.
Asimismo, en Ayacucho ya hubo un acuerdo previo para reiniciar las marchas y protestas el 4 de enero del 2023. Sin embargo, según informaron, la decisión tendrá que ser ratificada en una próxima asamblea, ya que, varios dirigentes han optado por mantener sus identidades bajo reserva, ante la eventualidad de posibles represalias judiciales o militares.
En Andahuaylas hay también un acuerdo preliminar de reiniciar las protestas el 3 de enero, y en algunas organizaciones sociales de Arequipa se mantienen en reuniones de coordinación, a fin de definir el eventual reinicio de las protestas desde la próxima semana.
Por otra parte, en La Libertad, organizaciones y artistas convocaron para hoy a un plantón, en rechazo a los actos de represión policial y militar que ocasionaron la muerte de jóvenes y adolescentes.
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COMISIÓN MULTISECTORIAL
El Poder Ejecutivo anunció la instalación de una comisión multisectorial encargada de analizar la situación de los 28 fallecidos (22 por represión y 6 por bloqueos o accidentes en el contexto de los paros) y la asignación de un apoyo económico.
“El Gobierno brindará un apoyo solidario económico para los familiares de los fallecidos durante las protestas. Esta medida va de la mano con una debida investigación y determinación de responsabilidad”, informó el ministro de Justicia, José Tello.
Al respecto, Jack Diburga, abogado de los familiares de las diez víctimas de la represión de Ayacucho, indicó que ningún apoyo económico implicará la suspensión del proceso fiscal, a través del cual se busca justicia y sanción penal para los responsables.
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