El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 fue un golpe de Estado que se dio en Venezuela siendo presidente Hugo Chávez. Precedido de un periodo de inestabilidad social y política en el que las fuerzas contrarias al proyecto bolivariano lograron cohesionarse tras el éxito del conocido como paro cívico, convocado para el 10 de diciembre de 2001, que logró cerrar una parte significativa del comercio urbano;1 una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la patronal Fedecámaras, iniciada el 9 de abril, que los convocantes prolongaron hasta declararla indefinida el 10 de abril,2 y los sucesos del 11 de abril de 2002.
Las 49 Leyes
El 13 de noviembre del 2001, Hugo Chávez decreta 49 leyes amparándose en la Ley Habilitante que le fue otorgada por la Asamblea Nacional en noviembre del año anterior, instrumento legal que le permitía legislar sin la aprobación del Poder Legislativo. Aunque originalmente dos tercios de la Asamblea estaban controladas por el chavismo, la situación había cambiado debido a que unos diputados se habían vuelto disidentes y era poco probable que Chávez lograse conseguir otra ley habilitante; razón por la cual el Presidente aprueba estas leyes un día antes de que su poder especial expire.
Aparecen entonces la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Pesca, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley General de Puertos, etc., pero la más polémica es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Bajo esta última ley, el gobierno venezolano ganaba la potestad de tomar tierras privadas si sobrepasaban cierto tamaño y eran catalogadas como latifundios, o si consideraba que estaban siendo explotadas por debajo de su potencial; adicionalmente, el Estado ahora debía aprobar el uso que el propietario hace de la tierra; además, todos los propietarios fueron obligados a demostrar la titularidad de sus terrenos antes del 18 de diciembre, bajo el riesgo de perderlas en caso de que no lo hiciesen. De acuerdo a The Miami Herald, en ese momento el 95% de los terratenientes venezolanos no contaban con títulos firmes.
Tras estos hechos Pedro Carmona Estanga (presidente de Fedecámaras) suspende entonces el diálogo con el gobierno y convoca a una asamblea extraordinaria el 28 de noviembre; en la fecha propone entonces que el 10 de diciembre se realice un paro nacional de doce horas, y logra el apoyo mayoritario de la cúpula empresarial, aunque resalta el rechazo de Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria.
El 4 de mayo de este mismo mes se suma a Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la principal central sindical; su Secretario General, Carlos Ortega, estaba fortalecido después de derrotar en elecciones al candidato oficialista, Aristóbulo Istúriz.
No obstante, los partidos políticos opositores están divididos en sus opiniones de cómo superar la crisis política, Acción Democrática insiste en la Asamblea en designar una junta médica que pruebe la incapacidad mental del presidente, Francisco Arias Cárdenas y sus diputados llaman a referéndum consultivo, el Movimiento al Socialismo pide que se convoque a otra Constituyente, Primero Justicia y la Iglesia Católica piden al gobierno un cambio de curso. En todo caso la iniciativa opositora la tienen los empresarios, ya que los partidos todavía no se recuperaban de los descalabros electorales de los últimos años.
Aunque firme en ejecutar las 49 leyes, el Presidente intenta hasta el final evitar que Fedecámaras lleve a cabo su paro de 24 horas, durante un almuerzo con un grupo de empresarios y banqueros el 6 de diciembre, estos últimos son presionados para que no se pleguen al paro, bajo pena de que se le retiren los fondos públicos depositados en sus entidades.
Producto de esta reunión, el ministro del Interior, Luis Miquilena, prepara un texto de compromiso que presenta a Carmona Estanga, pero éste lo rechaza, simultáneamente Chávez hace lo mismo, hecho que ahonda la separación que se estaba formando entre el Presidente y quien fuera su mentor político.
El día del paro Carmona anuncia que el mismo fue acatado por el 90% del país, pero el gobierno lo niega; haya sido o no un éxito, tanto Chávez como Carmona consideraron, en retrospectiva, que esa fecha fue histórica.
Efectivamente el conflicto estalla de manera irreconciliable entre los empresarios y el gobierno; en los próximos dos meses Chávez hace dos cambios en su gabinete que demuestran que no hay marcha atrás, primero reemplaza al ministro de Agricultura y Tierras por “un catedrático revolucionario” cuya principal misión es asegurarse que se ejecute la Ley de Tierras; luego, saca a Luis Miquilena del gobierno, aunque este último promete seguir cooperando con Chávez, en privado siente disgusto por el discurso agresivo de su pupilo y espera el momento adecuado para arrebatarle el control de la Asamblea Nacional.
