La aprobación de la ley se dio en medio de protestas
El Congreso de Argentina aprobó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un extenso paquete de reformas conocido como “ley ómnibus” propuesto por el presidente Javier Milei.
El partido La Libertad Avanza (LLA) logró obtener 144 votos a favor y 109 en contra para su proyecto durante el tercer día de debates en la Cámara de Diputados de Argentina.
La discusión y votación detallada sobre los artículos de la ley se retomará el martes. Además, para la aprobación de la ley, el Senado debatirá y votará por la ratificación.
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La “ley ómnibus”, según la definición del propio presidente, constituye el paquete de reformas más profundo de los tres presentados en los primeros 20 días de su mandato.
¿De qué trata la “ley ómnibus”?
Mientras que el “megadecreto” propuesto por Milei pretende desregular diversos sectores económicos, como el laboral, comercial, inmobiliario, aeronáutico, de la salud e incluso el de los clubes de fútbol, el paquete de leyes se enfoca en áreas que, de acuerdo con la Constitución, solo pueden ser modificadas por el Congreso.
“El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, detalló el vocero presidencial Manuel Adorni.
Dentro de los aproximadamente 380 artículos restantes, el más destacado y preocupante según sus críticos es aquel que propone declarar “la emergencia pública” en ámbitos económicos, financieros, tarifarios, energéticos y administrativos. Esto conferiría al presidente “facultades extraordinarias” para tomar decisiones sobre estos temas sin necesidad de pasar por el Congreso.
Facultades máximas
La propuesta original incluía la solicitud de poderes especiales para reformar un conjunto más extenso de áreas, como las fiscales, previsionales, sanitarias, y de seguridad y defensa. No obstante, el gobierno redujo significativamente estas “emergencias” a la mitad para facilitar la aprobación del paquete.
Asimismo, realizaron un recorte en el periodo durante el cual se mantendrían estas facultades. La propuesta inicial planteaba un período de dos años, que el Ejecutivo tenía la posibilidad de prorrogar por otros dos, es decir, se extenderían durante todo el mandato de Milei.