Tras ser inhabilitada por 10 años para ejercer función pública, la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, se pronunció en conferencia de prensa y calificó el proceso en su contra como un “atropello” que evidencia la supuesta intervención del Congreso en el Ministerio Público.
Espinoza criticó además el “silencio” de otras instituciones del Estado frente a lo ocurrido, asegurando que ello demuestra una falta de garantías para la autonomía fiscal.
Para la ex fiscal suprema, la decisión del Pleno configura un acto de control político indebido sobre la Fiscalía. Afirmó que se le sanciona por hechos que, según sostiene, no cometió, y que esta medida busca infundir temor dentro de la institución.
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“Si se me está llevando ante el Pleno por un hecho que materialmente no he cometido, eso significa un mensaje directo para que los fiscales se sometan, para que tengan miedo”, señaló.
Espinoza también cuestionó que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, no se pronunciara pese a su pedido formal, sugiriendo que dicho silencio podría revelar presiones del Legislativo.
