Este lunes 18 de agosto, la Sala Suprema Penal, presidida por el juez César San Martín, evaluó en segunda instancia el pedido del Ministerio Público para suspender por 36 meses al exfiscal supremo titular Luis Arce Córdova, procesado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La jornada estuvo marcada por decisiones cuestionadas: la audiencia, programada para las 9:00 a. m., se adelantó a las 8:30 a. m. y se restringió la participación de las partes a solo cinco minutos por intervención, bajo la frase del magistrado: “el tiempo es oro”. Este hecho despertó críticas por limitar la exposición en un caso de alto interés público.
Arce Córdova, destituido por la Junta Nacional de Justicia y luego repuesto mediante una acción de amparo, enfrenta acusaciones por incremento patrimonial no justificado de entre S/ 1.3 y S/ 2.4 millones, además de denuncias constitucionales por tráfico de influencias y cohecho. Las investigaciones lo vinculan a coordinaciones con el exjuez supremo César Hinostroza, presuntamente para favorecer intereses políticos y municipales a cambio de beneficios.
Más allá de las graves imputaciones contra Arce, la audiencia puso bajo la lupa al juez César San Martín, debido a la aparente contradicción en sus criterios. En casos anteriores —como los de Pedro Castillo y Patricia Benavides— sostuvo que el antejuicio era un control exclusivamente político, sin efectos jurisdiccionales. Hoy, sin embargo, validó un escenario distinto, lo que genera la percepción de un doble rasero judicial y alimenta la desconfianza ciudadana frente a la justicia.
La resolución de la Sala Suprema Penal será decisiva para definir si procede o no la suspensión de Arce Córdova, en un proceso que revela tanto los dilemas de la lucha contra la corrupción como las tensiones en la interpretación de la independencia judicial.
