Después de presentar un informe en el que no se mencionó a ningún individuo como responsable de la muerte de diez civiles, el general Marco Marín Saldaña fue designado por el Gobierno como agregado militar en la embajada del Perú en Washington
La Inspectoría General del Ejército concluyó que ninguno de los oficiales o subalternos involucrados en la represión de la protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte es responsable de las muertes de diez ciudadanos ocurridas en Huamanga, Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022.
Los informes de necropsia del Instituto de Medicina Legal indican que las víctimas fueron alcanzadas por proyectiles compatibles con los fusiles de fabricación israelí Galil, que portaban los militares ese día, según evidencian numerosos videos y fotografías.
A pesar de esta evidencia, el informe final del inspector asignado al caso, el general de brigada Marco Marín Saldaña, no atribuyó la responsabilidad de los homicidios a ninguno de los miembros del ejército.
El general Marco Marín solo identificó faltas administrativas y burocráticas menores atribuidas a ocho miembros del Ejército, quienes recibieron sanciones leves. Los oficiales y subalternos desplegados en el trágico suceso pertenecían a la Segunda Brigada de Infantería Wari en Huamanga y a la IV División del Ejército con sede en Pichari (Cusco), en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Inicialmente, el general Marco Marín inició procedimientos contra 37 efectivos. De este grupo, a 12 oficiales de la IV División del Ejército se les imputaron infracciones graves y muy graves, incluyendo el disparo, la orden de disparar o la prohibición de que sus subalternos dispararan a los manifestantes.
Por otro lado, el general Marco Marín los exoneró de todos los cargos y llegó a la conclusión de que la afirmación de la prensa sobre la responsabilidad en los disparos a larga distancia que resultaron en la muerte de una decena de civiles es infundada.
