Municipio de Lima sigue luchando contra la delincuencia
La Municipalidad de Lima ha presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que tiene como objetivo la expulsión de ciudadanos extranjeros que sean sorprendidos cometiendo delitos. Esta propuesta legislativa, aprobada por el Concejo Municipal a finales de septiembre, pretende realizar modificaciones en el artículo 30 del Código Penal y en los artículos 446 y 448 del Código Procesal Penal.
Esta medida radica en la creciente incidencia de la delincuencia y el crimen organizado en el país, así como en la crisis migratoria y la alteración del orden en las fronteras.
Según el teniente alcalde, Renzo Reggiardo, la normativa actual permite la expulsión únicamente después de que el delincuente haya cumplido su pena, lo que ha generado problemas de hacinamiento en las prisiones debido al incremento de extranjeros. Durante una sesión del Concejo, Reggiardo argumentó que esta modificación es necesaria para abordar la situación actual de la población.
El proyecto de ley 6093/2023 deberá ser debatido en las comisiones pertinentes del Congreso para su posterior aprobación por el pleno. Reggiardo instó a los parlamentarios a actuar con rapidez, ya que considera que esta medida es crucial para la seguridad de la población.
El premier Otárola anunció en octubre la aprobación de dos decretos legislativos por parte del Consejo de Ministros para combatir la delincuencia. El primero modificará el código penal para permitir la expulsión de extranjeros después de cumplir condena por delitos graves como homicidio, violación sexual, secuestro, trata de personas, sicariato y promoción de reingreso ilegal de sentenciados.
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El segundo decreto modificará el código procesal penal, otorgando a la Policía Nacional un período de 12 horas, en lugar de las 4 actuales, para identificar a posibles delincuentes.
Alberto Otárola explicó que esta medida evitará la impunidad al proceder de acuerdo a la ley en casos de flagrancia, donde la identidad, procedencia o datos básicos de las personas no puedan ser acreditados.
El presidente del Consejo de Ministros destacó que estos decretos legislativos se centran en un pequeño grupo de ciudadanos extranjeros que causan daño a la sociedad peruana y subrayó la importancia de una acción inmediata por parte de las autoridades.
Además de la expulsión de extranjeros por delitos en flagrancia, la Municipalidad de Lima también presentó una propuesta para incluir el delito de terrorismo urbano en el Código Penal Peruano. Esta propuesta busca sancionar a quienes utilicen armas de fuego, granadas o explosivos en delitos relacionados con el sicariato, robo agravado, extorsión, secuestro, disturbio, organización criminal y tráfico ilícito de drogas. Las penas oscilarían entre 20 y 30 años de prisión, de acuerdo con el Decreto Ley 25475.
Además, se propone una pena mínima de 30 años para situaciones donde se tomen rehenes o se utilicen armas químicas o biológicas para causar lesiones graves o la muerte, en actos calificados como terrorismo urbano.
Esta iniciativa legislativa ha recibido el respaldo de autoridades como Felipe Castillo Oliva, alcalde del distrito de Los Olivos, quien subrayó la importancia de abordar la creciente delincuencia en el país.
