Proyecto de ley avanza en el Congreso y se espera pronto sea débito en el Pleno
Seiscientos mil jubilados (600 mil) serán los beneficiados con el proyecto de Ley aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso que declara de interés nacional el establecimiento progresivo de una pensión mensual mínima equivalente a una Remuneración Mínima Vital-RMV (S/ 930) para los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de los Decretos Ley 19990 y 20530.
Asimismo, algunos congresistas opinaron que la pensión de los jubilados debería ser tres veces la remuneración mínima vital con lo cual se llegará a S/2,790. Es por ello, que es urgente que el citado proyecto de ley sea debatido cuanto antes en el Pleno del Congreso.
En este sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, calculó que elevar la pensión mínima para los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) bajo el Decreto Ley 19990 desde los actuales S/ 500, al equivalente al sueldo mínimo, le costaría al Estado cerca de 3 millones de soles.
Los dirigentes jubilados precisaron que los montos actuales de pensión que vienen recibiendo no son suficientes, pues durante años han venido recibiendo pensiones que parecen una burla. Incluso el último aumento a 500 soles la pensión mínima de los jubilados de la 19990 resulta irrisorio.
Es por ello que lo más óptimo -precisaron los dirigentes – sería elevar la pensión mínima al equivalente del sueldo básico de los trabajadores del Perú que alcanza los 930 mil soles. Incluso, se debería incrementar a tres veces dicho monto.
Como se sabe, el ministro Carlos Oliva dijo que los aportes de los trabajadores a la ONP, que se maneja bajo un sistema contributivo, no alcanzan para cubrir las pensiones de los jubilados, por lo que se destinan recursos del Tesoro Público para este fin.
Dentro de este monto se encuentra presupuestado, el aumento de pensiones, la bonificación por escolaridad, así como los aguinaldos de julio y diciembre. Claro está, este tema no es responsabilidad de los jubilados, el Estado tiene el deber de velar por los cesantes y en ese sentido se deben buscar los mecanismos para que ni el Tesoro Público ni las personas salgan perjudicadas.
