El Poder Judicial advierte que aquellos funcionarios públicos que se apropien de las donaciones entregadas a los damnificados por los desastres naturales serán sancionados con una pena de hasta 15 años de cárcel, pues estarían cometiendo el delito de peculado agravado previsto en el artículo 387 del Código Penal.
Asimismo, el magistrado Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Lima, detalló que les correspondería la imposición de inhabilitación e imposibilidad para ejercer algún cargo público. En ese sentido, señaló que aquellos servidores públicos que engañen a la población con las donaciones serán acusados por el delito de estafa.
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