Después de 60 días de cuarentena y emergencia nacional por la COVID-19, y el impacto en la economía de muchas familias que alquilan vivienda o locales comerciales, se debe recurrir a la ‘transacción extrajudicial’ como una herramienta efectiva para lograr acuerdos satisfactorios, con valor de sentencia judicial.
Así lo enfatizó Antonio Cornejo Monzón, especialista en derecho inmobiliario, quien destacó que la incertidumbre que se vive en el sector solo permite una solución en la que existan concesiones recíprocas, donde ambos protagonistas de un conflicto “ganen”.
“En medio de un sector con un importante nivel de informalidad, urge que las partes de un contrato de arrendamiento lleguen a un acuerdo verificable y superen el conflicto después de la emergencia nacional”, enfatizó en el programa Derecho a Tu Techo de Buenos Momentos Radio.
CULTURA DEL ACUERDO
En otro momento, Cornejo Monzón subrayó que la ‘cultura del acuerdo’ debe formar, de aquí en adelante, parte de nuestras vidas para cualquier controversia. Esto al considerar inimaginable –por las altas probabilidades de contagios de la COVID-19– un futuro de las sedes del Poder Judicial lleno de litigantes y con miles de expedientes por resolver, como ha ocurrido desde hace muchos años.
“Las tasas de litigios deben ser mínimas en el futuro y las controversias deberán resolverse fuera del Poder Judicial. La ‘cultura del acuerdo’ es transversal y requiere el compromiso y colaboración de todos”, sostuvo.
Opinó que, en instituciones y entidades como el Poder Judicial, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y las notarías, la tecnología debe ser un gran aliado para evitar la aglomeración y los contagios. Esto mediante el establecimiento de citas y la expedición de expedientes judiciales y títulos registrales electrónicos.
Agregó que la vida ya no puede vivirse pensando en mí, “sin que me importe el resto”. “Los abogados ya no pueden promover los litigios. La justicia debe restaurarnos a todos. Porque la pandemia nos ha tocado a todos, de manera directa o indirecta”, aseveró.
ARRENDAMIENTO EN EL PERÚ
El especialista explicó que la actividad del arrendamiento inmobiliario en el Perú ha estado en crisis desde hace años. “Era frecuente escuchar que existe una alta tasa de incumplimientos en los contratos de arrendamiento, que no eran resueltos oportunamente en las sedes judiciales”, comentó.
Anotó que esta situación se ha debido a la grave afectación del sistema judicial en su eficiencia y eficacia. Esto, dijo, ante la excesiva carga procesal de expedientes que hacen imposible la solución de los procesos y sus controversias en los plazos regulados en la ley.
“Se han intentado muchas fórmulas que, lamentablemente, no han tenido el resultado esperado. Entre ellas el allanamiento y el desalojo con intervención notarial, por citar solo dos ejemplos que exhiben la incongruencia de las posturas legislativas asumidas”, cuestionó.
A propósito de la función legislativa, recordó que también es frecuente conocer proyectos legislativos que confirman la absoluta carencia de la constitucionalidad de los mismos. Esto en relación a la propuesta del congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, quien ha presentado un proyecto de ley para impedir los desalojos de inquilinos mientras se prolongue el estado de emergencia por la COVID-19.
“Dichos proyectos agreden expresamente a nuestra Carta Magna, puesto que no se puede modificar, por una ley, el contenido de un contrato o aplicar las leyes de forma retroactiva, cuando ello está expresamente prohibido. Lo ideal es que las leyes sean posibilidades de evitar conflictos permanentes y herramientas efectivas para arribar a soluciones de justicia restauradora que todos necesitamos”, concluyó.
