La Sociedad Interamericana de Prensa señaló que el Gobierno solicitó cambios en el Código Penal para sancionar a aquellos que informen sobre protestas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación acerca de la solicitud del gobierno de Dina Boluarte al Congreso para obtener facultades legislativas, ya que incluyó una propuesta de modificar el Código Penal con el propósito de hacer a los medios de comunicación responsables y sujetos a sanciones por su cobertura de las protestas sociales que deriven en disturbios. Esta medida ha sido calificada como «arbitraria y contraria a los principios internacionales de libertad de prensa, expresión y asociación» por parte de la SIP.
En relación a este tema, Carlos Jornet, quien lidera la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresó que “la modificación del Código Penal daría legitimidad a la criminalización de periodistas en Perú, quienes podrían ir a la cárcel por la cobertura de actos sociales que las autoridades consideren disturbios”.
En esta línea, los líderes de la SIP haránn un llamado al Poder Ejecutivo para que retire esta propuesta, argumentando que esta medida vulnera derechos protegidos tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los cuales son fundamentales en las sociedades democráticas.
En relación a este tema, el Consejo de la Prensa Peruana expresó su inquietud y subrayó que, aparte de infringir el derecho a la libertad de expresión, también se menoscaba el derecho a la protesta. El CPP señaló que esta disposición amenaza no solo la capacidad de los ciudadanos que deseen convocar o informar libremente a través de medios de comunicación sobre su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido a nivel internacional.
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Además, destacó que esta modificación también afecta la libertad de expresión de los periodistas y los medios de comunicación, cuya responsabilidad es proporcionar información sobre estos asuntos. Igualmente, mediante una declaración, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo y subrayó que su intención es «obtener una herramienta de amedrentamiento contra periodistas que opinan a favor o favorecen las manifestaciones”.
¿A qué se refiere la medida?
En el proyecto presentado por el gobierno de Dina Boluarte se encuentra la siguiente proposición: “se propone modificar el Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.
Respuesta del Ejecutivo
Durante la conferencia de prensa en la que se presentó el IV informe de avance de gestión, la presidenta Dina Boluarte se enfatizó que la medida no tiene la intención de convertir en un delito el trabajo de los profesionales de la prensa.
“El Gobierno jamás tomará alguna medida que pueda perturbar la amplia libertad de prensa. Nosotros siempre hemos estado abiertos a la prensa. Ustedes, en el rol que les compete, seguramente tendrán que hacer su labor. Nosotros no vamos a impedir que esa labor se realice de manera libre, espontánea, y dentro de sus competencias”, respondió la tarde del 11 de septiembre.