La demanda ha sido respaldada por 34,000 peruanos perjudicados debido a la inacción y negligencia por parte de la compañía petrolera
El despacho que representará a SEFR en su defensa, Pogust Goodhead, indicó a través de un comunicado de prensa que la primera audiencia está prevista para junio. En dicha audiencia se decidirá si la demanda es procedente dentro de la competencia del tribunal de La Haya.
En palabras de Tom Goodhead, socio y CEO global de PG, «el objetivo es que todos los afectados por esta catástrofe reciban una compensación justa por el daño que Repsol les causó. Le vamos a mostrar al mundo lo que esta empresa hizo en Perú”. Además, resaltó que el producto de la demanda ascendería a los 1.000 millones de dólares.
Debido al registro de Repsol Perú V.B. en los Países Bajos, la demanda legal continuará su rumbo en dicho país. Asimismo, por tratarse de una instancia internacional, se tomarían en cuenta los parámetros ambientales a nivel mundial, lo que promete ser una compensación más justa para los afectados.
Los principales afectados: vendedores informales, pescadores y negocios pequeños, se hicieron presente a través de su firma en los centros de inscripción ubicados en los distritos de Ancón, Chancay y Ventanilla desde noviembre del 2023 hasta enero del presente año.
Repsol respondió ante demanda
A través de un comunicado de prensa, Repsol se refirió a la demanda interpuesta en su contra.
«Consideramos que esta demanda judicial no tiene fundamento. Dicho esto, reiteramos que Refinería La Pampilla es respetuosa del derecho que tienen las personas de acudir al sistema de justicia cuando lo consideren necesario. Sin embargo, de acuerdo con experiencias similares, consideramos que este caso debe ser abordado en el Perú»
De igual forma, recalcaron que la compañía destinó más de 1.000 millones de soles para el proceso de limpieza y compensación a los perjudicados. No obstante. añadieron que el estado del mar ya se encuentra en condiciones favorables conforme lo determina el estado peruano. Sin embargo, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), ha indicado que el daño se ha extendido a 25 playas, por lo que considera no óptima la calidad del agua e insta a las autoridades a tomar medidas preventivas ante la llegada de bañistas durante este verano.
