El gobierno de Keiko Fujimori planteó la posibilidad de trasladar a reos de baja peligrosidad a hangares temporales acondicionados en instalaciones militares que se encuentran en desuso.
La medida busca reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios y así permitir que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se enfoque únicamente en el control de los internos de mayor peligrosidad.
Entre los reclusos que serían enviados a los hangares militares están los que tienen procesos o sentencias por delitos menores como prisión por omisión de asistencia familiar. De acuerdo al Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), hasta mayo de 2026, 2672 personas cumplían cárcel por incumplimiento de la obligación alimentaria.
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De esta cifra, 710 mantienen el proceso abierto mientras que 1962 con sentencia firme. Por eso, el Gobierno propone reubicar a estas personas recluidas de su libertad en instalaciones militares en desuso y así deshacinar los establecimientos penitenciarios. Vale precisar que únicamente serán trasladados aquellos que tengan mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos.
