El Tribunal Constitucional declaró improcedente el hábeas corpus presentado por la defensa de Pedro Castillo, que pretendía dejar sin efecto la prisión preventiva y paralizar las investigaciones por presunta corrupción y el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Con esta decisión, el expresidente permanecerá recluido en el penal de Barbadillo, mientras el proceso judicial continúa su curso en las instancias correspondientes.
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El fallo del TC concluyó que no se evidencian vulneraciones a derechos fundamentales que justifiquen la nulidad de las resoluciones judiciales. Aunque el recurso sostenía que las medidas restrictivas eran arbitrarias, el tribunal determinó que las resoluciones fueron dictadas conforme al marco legal vigente.
