El reciente debate en la Comisión de Constitución del Congreso dejó asuntos sin resolver. Tras la reunión del 14 de septiembre, se presentó el documento que se llevará al Pleno.
El pedido de facultades del Gobierno aborda temas como seguridad ciudadana, prevención de desastres, infraestructura social y mejora de la gestión pública. No obstante, persiste la controversia sobre una modificación del Código Penal que podría afectar la libertad de expresión y de prensa.
El texto insiste en la necesidad de permitir al Ejecutivo sancionar a comunicadores que sean considerados «instigadores» de disturbios o marchas que inciten a la violencia. La comisión, liderada por la congresista Martha Moyano, ha añadido que estas reformas podrán aplicarse siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales.
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El nuevo texto reafirma la modificación propuesta, asegurando que no afectará las libertades de información, opinión, expresión y reunión pacífica, ni otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política.
