El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, consolida su control en el país e impulsó una reforma constitucional que extiende los periodos presidenciales de cinco a seis años y establece oficialmente el cargo de “co-presidenta”, desempeñado por su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo.
Las modificaciones refuerzan el dominio del régimen sandinista sobre las instituciones del país y ya generan críticas tanto a nivel nacional como internacional.
La reforma, aprobada por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, amplía significativamente los poderes del Ejecutivo al otorgarle la capacidad de coordinar directamente los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Electoral.
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Según el texto, el presidente tiene la función de “articular y supervisar” las acciones de estos órganos, una medida que, según expertos, anula cualquier separación de poderes y confirma la concentración de autoridad en manos de Ortega y Murillo.
