Este lunes, María Corina Machado, líder opositora, anunció que no tiene planes de renunciar a su postulación presidencial
No obstante, existe una decisión judicial que la declara inelegible para participar en las elecciones presidenciales de este año.
El fallo, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineado con el oficialismo, estableció una inhabilitación política de 15 años que, en la práctica, la excluye de la contienda electoral. A pesar de este revés legal, Machado ha manifestado su firme decisión de mantenerse como candidata, lo que plantea un escenario desafiante y genera interrogantes sobre el futuro de su participación en el proceso electoral.
Ante sus seguidores, tres días después de la polémica sentencia que calificó como una «decisión grotesca», María Corina Machado afirmó: «La elección del candidato del pueblo no será determinada por Nicolás Maduro, ya que el pueblo ya ha elegido a su candidato, eso es innegable».
Machado rechazó la idea de que Maduro tenga la autoridad de designar al candidato que representará a la población, destacando que dicha elección ya fue realizada por el pueblo. Sus palabras reflejan su firme postura en defensa de la voluntad popular expresada en el respaldo a su candidatura. La líder opositora enfatizó la importancia de respetar la decisión democrática tomada por millones de venezolanos, rechazando cualquier interferencia en el proceso electoral.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió esta decisión en el marco de un mecanismo establecido bajo la presión de Estados Unidos, el cual permite a los candidatos inhabilitados impugnar las sanciones. Esto se enmarca en los acuerdos alcanzados durante las conversaciones entre el gobierno y la oposición en Barbados, un proceso de negociación que cuenta con la mediación de Noruega. Este desarrollo legal se da en el contexto de las dinámicas políticas y negociaciones internacionales que buscan abordar las tensiones en Venezuela. La creación de este mecanismo para impugnar sanciones refleja los esfuerzos por encontrar soluciones a través del diálogo y la mediación internacional.
Estos acuerdos también contemplan la realización de elecciones presidenciales en la segunda mitad del año, aún sin una fecha específica, con la presencia de observadores de la Unión Europea y otros actores internacionales.
Aunque Nicolás Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013, no ha confirmado oficialmente su candidatura, se perfila como el candidato natural del chavismo.
Las inhabilitaciones políticas han sido una táctica recurrente del chavismo para apartar a sus opositores. Estas son impuestas por la Contraloría, que tiene la facultad legal de tomar medidas contra funcionarios bajo investigación. Sin embargo, la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» puede impedir a alguien aspirar a la presidencia. Este contexto resalta las complejidades y tensiones en el proceso político venezolano en relación con las restricciones y los requisitos legales para participar en las elecciones presidenciales.
