El estado de Apure tiene alrededor de 106 detenidos por causas políticas desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, casi de inmediato trasladaron a 19 a las peligrosas cárceles de Tocuyito y Tocorón.
En la cifra de detenidos hay 15 mujeres. Todos han sido víctimas de un círculo corrupto de la justicia en el que participan jueces de Control, Fiscales del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y Ministerio del Servicio Penitenciario.
Una cantidad de funcionarios que son los carceleros como jueces, fiscales, defensores y esbirros, “ha demostrado una complicidad importante en todo este esquema, de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia los privados de libertad arbitrariamente durante las protestas postelectorales”, dijo el representante de una ONG defensora de DDHH, que también es perseguida por el régimen venezolano.
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Todos los detenidos son obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina Ramírez. La versión de familiares de varias víctimas es que los funcionarios piden cifras de 700 hasta 5 mil dólares para evitar que los envíen a las cárceles de Tocuyito y Tocorón.
