COMISARÍAS SE CAEN A PEDAZOS Y CÚPULA POLICIAL ESTRENA AUTOS DE LUJO
La reciente entrega de vehículos en la Policía Nacional del Perú (PNP) ha vuelto a poner en evidencia la desconexión que existe entre algunos altos mandos y la realidad que afrontan la mayoría de sus dependencias. Mientras las comisarías continúan operando con infraestructura colapsada —techos que se caen, servicios básicos intermitentes y ambientes inseguros para el personal—, un grupo de altos oficiales estrenó autos de alta gama gestionados bajo la administración de Víctor Zanabria y el actual jefe policial Óscar Arriola. Un contraste que explica, por sí mismo, la falta de empatía dentro de la institución.
La Contraloría General de la República advirtió irregularidades desde el inicio del proceso. Aun así, la PNP avanzó con la entrega de la nueva flota. Según denunció el programa Punto Final, al menos 120 coroneles acudieron vestidos de civil a un local en Lima para recoger modernos Toyota Corolla, autos que, de acuerdo con el reportaje, fueron entregados sin SOAT ni placas, incumpliendo requisitos contractuales básicos. Esta situación abrió dudas sobre la legalidad de su uso inmediato.
El abogado Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría, confirmó que la entidad detectó problemas en toda la cadena de contratación. Las adquisiciones, realizadas bajo instrucción del entonces teniente general Víctor Zanabria Angulo —quien también figura entre los beneficiarios de camionetas Audi—, superan los S/ 18,7 millones, es decir, cerca de cinco millones de dólares.
El plan inicial contemplaba ocho Audi, cuarenta Toyota RAV4 y ciento veinte Toyota Corolla para altos oficiales. Sin embargo, la cifra total aumentó a 177 unidades. Las Toyota RAV4 pasaron de cuarenta a cincuenta; los Audi se redujeron de ocho a siete.
“Al igual que en el caso de las camionetas RAV4, este número podría incrementarse si la entidad requiere un adicional”, advirtió Vera Coronel. La Contraloría también cuestionó el sustento administrativo de la compra. El requerimiento se elaboró tomando como referencia adquisiciones del Ejército, pese a que ambas instituciones tienen marcos normativos distintos. Además, el funcionario policial encargado de formalizar la solicitud estaba inhabilitado para ejercer funciones al momento de hacerlo.
