Jueza citó ley derogada para suspender investigaciones de la JNJ contra Patricia Benavides

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Medida cautelar de la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses fue dictada en el marco del antiguo Código Procesal Constitucional. Exmagistrada Marianella Ledesma advierte de un posible delito de prevaricato.

Marianella Ledesma, quien anteriormente se desempeñó como presidenta del Tribunal Constitucional, ha dado a conocer que la medida cautelar que favorece a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, suspendiendo temporalmente las investigaciones en su contra por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), hace referencia a una norma que ya ha sido derogada. “No es cualquier cosa para un juez resolver una causa con normas derogadas”, advirtió Ledesma.

La jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, hace referencia al artículo 18 del supuesto Código Procesal Constitucional en el tercer fundamento de su resolución, el cual se utiliza como base para la medida cautelar a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Es importante destacar que esta norma ya ha sido derogada, lo que plantea interrogantes sobre la validez y sustento legal de la medida cautelar.

“El primer párrafo del artículo 18º del Código Procesal Constitucional establece que: se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo. Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión”, redactó la magistrada.

Es importante notar que la jueza Tarrillo hace referencia al artículo del antiguo Código Procesal Constitucional (Ley 28237) en su resolución, el cual derogaron en julio de 2021 con la promulgación del Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307).

Este nuevo código establece en el apartado referente a la emisión de una medida cautelar lo siguiente: “El juez para conceder la medida cautelar deberá observar que el pedido sea adecuado o razonable, que tenga apariencia de derecho y que exista certeza razonable de que la demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable”.

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