GREMIO ANUNCIA MEDIDA DE FUERZA PARA DEFENDER SUS TRABAJOS
Tras el anuncio del cierre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por parte del gobierno de José Jerí, decenas de trabajadores de la entidad se congregaron a las afueras de la sede del Ministerio de Justicia en protesta, exigiendo un diálogo con las autoridades y advirtiendo que, de no ser escuchados, iniciarán una huelga indefinida.
La iniciativa del Ejecutivo comprende la fusión entre el INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), que se pretenden disolver.
El representante de los trabajadores, Julio César Burga, señaló que tanto los centros juveniles, el INPE y la Defensa Pública consideran que el gobierno estaría violando la Constitución. «Nosotros nos encontramos el día de hoy en una media protesta a nivel nacional. Creemos que el gobierno está intentando violar derechos constitucionales, queriendo fusionar estas instituciones para formar una Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización«, sostuvo.
Los trabajadores exigen al ministro de Justicia Walter Martínez que se escuche a los «actores directos», pues afirman que muchas familias que dependen del trabajo en estas entidades.
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«Lo que exigimos al ministro de Justicia es que se tienda una Mesa de Diálogo, que nos escuchen a los actores directos, que no se tomen decisiones de esta naturaleza que atentan contra los derechos de los trabajadores y la estabilidad de miles de familias», protestó.
De no haber apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, Burga advirtió que las protestas se convertirán en una «huelga nacional indefinida«, ya que «no podemos permitir que un gobierno transitorio venga a intentar manosear nuestras instituciones».
Contrario al planteamiento del gobierno de Jerí, Burga manifestó que el INPE y el Pronacej no son culpables de la problemática y crisis de inseguridad que atraviesa el país, sino que la responsabilidad recae en el «abandono» del Ejecutivo.
