La Contraloría General de la República identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otros nueve funcionarios y exservidores de esa entidad por las fallas logísticas de la primera vuelta de las elecciones 2026.
En un informe de control específico, la Contraloría concluyó que las deficiencias en la distribución del material electoral afectaron el derecho al voto de 55.261 ciudadanos.
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Según el documento difundido ayer en el buscador de informes de la Contraloría, entre las irregularidades se encuentran el presunto favorecimiento a la empresa Galaga y la aprobación de pagos sin sustento técnico.
