Ron DeSantis impulsa una legislación que impondría la pena de muerte obligatoria a indocumentados que cometan ciertos delitos graves en Florida.
Florida ha dado un paso más en su endurecimiento de políticas migratorias con la introducción del proyecto de ley HB 3C. Esta iniciativa, promovida por el gobernador Ron DeSantis, establece sanciones drásticas contra inmigrantes indocumentados que reincidan en delitos graves, incluyendo la imposición obligatoria de la pena de muerte en ciertos casos.
La medida ha generado un intenso debate a nivel nacional. Mientras sus defensores argumentan que reforzará la seguridad pública, críticos advierten que podría violar principios constitucionales y fomentar la discriminación. También surgen dudas sobre su viabilidad legal, ya que la Corte Suprema podría bloquear su aplicación.
El HB 3C establece que cualquier inmigrante sin estatus legal que cometa un delito de pena capital en Florida recibirá automáticamente la condena de muerte, eliminando la posibilidad de cadena perpetua. Este endurecimiento marca una diferencia radical con el actual sistema judicial, que permite a los jueces evaluar atenuantes antes de dictar sentencia.
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Algunos de los delitos que llevarían a la pena máxima serían, homicidio en primer grado. El asesinato durante la comisión de otros dilitos graves como robos o secuestros. La violación a menores de 12 años y el homicidio de un oficial de policía o funcionario público.
Estas disposiciones se alinean con la política de tolerancia cero del gobernador DeSantis, quien ya impulsó la ley SB 1718 para sancionar a empresas que contraten inmigrantes sin documentos y restringir su acceso a servicios básicos.
El HB 3C podría afectar principalmente a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales o que hayan sido previamente deportados. Sin embargo, grupos de derechos civiles advierten que su aplicación podría derivar en perfiles raciales y detenciones arbitrarias.
De aprobarse, Florida se consolidaría como uno de los estados con las políticas más severas contra la inmigración, desatando una nueva controversia sobre los derechos de los inmigrantes y el equilibrio entre legislación estatal y federal.
