El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, presentó este 20 de agosto de 2026 ante la Cámara de Diputados la Política General del Gobierno y puso el foco en uno de los problemas que más golpea a los peruanos: la extorsión y el crimen organizado.
En su discurso, el premier fue claro: “No vamos a permitir que las organizaciones criminales sigan avanzando mientras el Estado llega tarde”. Anunció una estrategia que combina inteligencia, tecnología, operativos focalizados y reforzamiento institucional.
Principales medidas anunciadas
- Fortalecimiento de la División de Investigación de Extorsiones con una inversión superior a los 19 millones de soles. Para diciembre de 2026 se entregarán vehículos (automóviles, camionetas y motocicletas). En los meses siguientes se incorporarán drones, cámaras, computadoras de alta gama, software de análisis criminal y equipos de protección.
- Ampliación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, con la meta de llegar a 15 distritos judiciales priorizados por su alta incidencia delictiva.
- Operativos focalizados en zonas de mayor criminalidad, usando mapas de calor e información de inteligencia, especialmente contra ataques cometidos desde motocicletas.
- Modernización de la identificación criminal: implementación del sistema biométrico AFIS en 15 unidades policiales de investigación criminal durante 2026.
- Videovigilancia policial inteligente con herramientas de inteligencia artificial, prevista para julio de 2027.
- Refuerzo de controles a extranjeros en situación irregular y apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar a transportistas y zonas vulnerables.
- Recuperación de capacidades operativas del Sistema de Inteligencia Nacional para anticiparse al crimen y desarticular estructuras criminales, dentro del marco de la ley.
- Control de las cárceles: “En las cárceles debe quedar claro quién manda: el Estado”, enfatizó Galarreta.
El premier subrayó que estas acciones deben ir acompañadas de cambios normativos y de una mejor articulación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial. El objetivo declarado es convertir la lucha contra la extorsión en una respuesta efectiva y no solo reactiva.
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La presentación se da en un contexto de alta percepción de inseguridad y forma parte de las primeras políticas prioritarias del gobierno de Keiko Fujimori, que asumió el 28 de julio de 2026.
