La agresión se dio en un evento público.
El Ministerio Público ha iniciado una investigación contra Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho, por su presunta participación en la agresión a la presidenta Dina Boluarte durante una visita a la región para la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en tres distritos.
Posteriormente, Ilaria Aimé, madre de un adolescente fallecido durante las protestas en Ayacucho, jaló del cabello a la mandataria.
La carpeta fiscal se abrió por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. El jefe de la Unidad de Seguridad del Estado en Ayacucho, Pierr Paredes, ha informado que la investigación está a cargo del fiscal Brechman Muñoz, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, según constancia de enterado difundida por Epicentro TV.
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Desencadmenantes y reacciones tras la agresión
Aunque el Gobierno anunció la «debidamente identificación» de las agresoras y su «captura inminente», aún no se han revelado sus identidades ni se ha vinculado la agresión con las muertes ocurridas en las protestas, caso por el cual la jefa de Estado ha sido denunciada.
Bárcena se presentó ante el Ministerio Público acompañada de sus abogados, Yuri Martínez y Jesús Llallahui, para responder a la investigación. En un comunicado presentado, expresó su rechazo a las acusaciones y condenó la cultura de falta de respeto a la autoridad, sin hacer referencia a las demandas de justicia de los familiares de las víctimas de las manifestaciones.
La organización feminista Manuela Ramos ha rechazado la «persecución fiscal» iniciada por el Estado contra Bárcena y Aimé, considerando que la justicia las está «revictimizando y criminalizando».
La agresión a Boluarte no ha recibido mención a los familiares fallecidos, pero ha generado una serie de cambios, desde la remoción de la escolta de la mandataria hasta la destitución de altos funcionarios como el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, y el general Jorge Angulo, titular de la institución policial.
