La cartera dedirigida por la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar es cuestionada porque algunos servidores cobran altas sumas sin cumplir con sus funciones
Los medios informaron que hubo preguntas sobre tres personas. El primer ejemplo es James Segundo, consultor de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Departamento de Vivienda. De esta zona recaudó casi 84.000 soles.
Si Jacobo Segundo no está de acuerdo con la posición actual sin cumplir algunas exigencias, entonces no habria mayor problema. En base a las funciones requeridas para este puesto se buscó un asesor legal. Sin embargo, es economista de profesión, como lo demuestran sus informes ante diversas oficinas de planificación y presupuesto.
Por otro lado, hay otras cuestiones que preocupan. Uno de ellos proviene de Lena Ordún, quien ha recibido una orden de 100 millones de soles del Ministerio de Vivienda hasta 2023 por sus servicios. En concreto, cuando se escudriñó el trabajo que realizó para la cartera, se reveló que había copiado información de alguien que estaba en la oficina de inversiones desde febrero pasado. Otro fue de Hamilton Díaz, quien recibió tres órdenes de servicio por valor de 64.000 soles.
En su caso, fue contratado para desarrollar perfiles de vigilancia y monitorear inversiones en la región y organismos públicos específicos. Este buscador de servicios, al igual que Orduña, presentará informes de trabajo utilizando la información que se muestra en el sistema de procesamiento de la administración de vivienda.
Trabajadores fantasmas
Sin embargo, otro hallazgo del dominical Punto Final es que también existirían trabajadores fantasmas en el despacho de la ministra Pérez de Cuéllar. Estas serían Adriana Ríos y Claudi Zhou Chau, quiénes han sido vistas en muy pocas ocasiones en el ministerio. Incluso, una de ellas que es Ríos ha cobrado la suma de 24 mil soles entre junio hasta agosto de este año.
Irregularidades en caja chica
Cabe recordar que el escándalo en el Ministerio de Vivienda ya lleva varias semanas. El informe del Auditor General destapa nuevas irregularidades en el manejo de la caja chica que inicialmente fueron descubiertas en el programa Punto Final, que decía que el dinero se utilizaría para comprar chifas, restaurantes, cree Orl, postres y suplementos nutricionales.
La empresa informó que a la sucursal le faltaban fondos por S/80,000. En concreto, al revisar los informes en la unidad reguladora no se encontró el monto de S/1,004.95. El documento también describe que representantes de la oficina de control descubrieron la existencia de ocho bonos de viaje prepagos (S/8950.00) que no fueron programados y emitidos fuera del plazo señalado de 48 horas.
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