El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el proyecto para incluir el delito de terrorismo urbano en la legislación nacional y aumentar las penas en casos de extorsión, sicariato, y asaltos.
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El documento firmado por la mandataria Dina Boluarte señala en el artículo 108 que, por ejemplo, el que mata a otro por orden, encargo, o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro, algún beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 30 años e inhabilitación, conforme con el numeral 6 del artículo 36 de la Constitución Política.
Además, dentro del proyecto se especifica también que habrá cadena perpetua si el culpable es miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, usa armamento o material de guerra, armas o municiones de agentes del orden o emplea a menores de edad u otros que puedan ser inimputables.
