El gobierno de la presidenta Dina Boluarte promulgó un decreto legislativo que implementa nuevas medidas para combatir la extorsión estableciendo la creación de un banco de voces, un sistema destinado a almacenar audios, conversaciones, vídeos y otros elementos que sirvan como pruebas y medios para contrarrestar la extorsión.
Otra medida clave en la lucha contra este delito es el aumento de las penas, las cuales hasta la fecha oscilaban entre 15 y 25 años. Esta nueva disposición elevará las penas, estableciendo un mínimo de 25 años en aquellos casos que involucren a la víctima y a sus familiares.
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Estas medidas de seguridad, dispuestas por el gobierno, fueron respaldadas por el Congreso de la República por un periodo de 90 días, debido a la actual problemática de inseguridad ciudadana que enfrenta el país.
