Activistas han sido acusados de pandillerismo en El Salvador. Las organizaciones sociales denuncian motivos políticos y una criminalización de la protesta
En algunos gobiernos, es habitual que ejerzan el poder basándose en la idea de la homogeneidad y la polarización: separando a los buenos de un lado de los malos del otro. El Gobierno de Nayib Bukele ha trabajado para persuadir tanto a nivel nacional como internacional que las 71,000 personas detenidas en los 19 meses de vigencia del estado de excepción en El Salvador están vinculadas a pandillas o han colaborado con sus miembros. La administración sostiene que aquellos que no tienen nada que ocultar no deben temer nada, y que quienes son arrestados han cometido algún delito.
Sin embargo, este relato, que ha permeado en la población, comienza a mostrar fisuras. El escrutinio realizado por organizaciones no gubernamentales locales y la comunidad internacional ha revelado los matices detrás de esta cifra global y ha identificado miles de casos de detenciones arbitrarias. En este contexto de injusticia, un grupo muy específico de personas perseguidas bajo el estado de excepción se destaca: los activistas y defensores de los derechos humanos.
A pesar de que se les acusa de pertenecer a pandillas como la Mara Salvatrucha 13 o la Barrio 18, en realidad, su detención obedece a motivaciones políticas. Los arrestan por su labor incómoda, con el fin de amedrentarlos, desmovilizarlos y sofocar sus luchas. El Gobierno de Bukele admitió oficialmente que detuvieron al menos 6,000 personas de manera injusta bajo el estado de excepción, una controvertida medida implementada desde marzo de 2022 para combatir la violencia de las pandillas.
Hasta el momento, no se ha realizado un censo preciso que determine cuántos de los detenidos, tanto los que siguen tras las rejas como los liberados, son defensores de los derechos humanos. Los casos que se conocen hasta ahora han ganado visibilidad gracias a los esfuerzos de las ONG locales.
Movimientos sociales
La Asociación de Desarrollo Económico Social (Ades), que dedica sus esfuerzos a la protección de los recursos naturales, el Gobierno los ha hostigado. En enero, a cinco miembros de esta organización, ubicada en el montañoso departamento de Cabañas, los arrestaron y encarcelaron bajo la acusación de cometer un homicidio durante el período de la guerra civil (1980-1992).
La evidencia en su contra se basa en el testimonio de un individuo que afirma haber presenciado el crimen hace más de tres décadas. Desde entonces, la ONG ha estado constantemente instando a la liberación de sus colegas. A finales de agosto, lograron que un juez cambiara la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario. Aunque esto representó un pequeño avance, aun procesan a los activistas, a merced de un sistema que parece alimentarse de la detención de personas.
A las detenciones se añade la decisión del presidente Bukele de desplegar retenes militares en Cabañas. Los activistas de Ades sospechan que detrás de esta persecución existe una agenda oculta: que el Gobierno busca revertir la prohibición de la actividad minera en El Salvador, una prohibición que está en vigor desde 2017. Alfredo Leiva, miembro de la ONG, señala algunas pruebas de esto. Por ejemplo, Bukele estableció una Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que tiene la autoridad para conceder permisos de exploración y explotación minera.
Además, en mayo de 2021, El Salvador se unió a un foro internacional con sede en Canadá que promueve la minería. El Gobierno no informó sobre su incorporación a esta entidad, llamada IGF Mining, hasta varios meses después, cuando algunos de sus representantes visitaron el país centroamericano para brindar «asistencia técnica».
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