La Corte Suprema rechazó el pedido de la segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza, para excluir como “medio de prueba” la documentación que fue incautada tras el allanamiento a su despacho y su vivienda ubicadas en el Cercado de Lima y en Jesús María en la investigación preliminar que se le sigue por el caso conocido como “Los Niños”.
El juez Juan Carlos Checkley declaró infundada la tutela de derechos que presentó la legisladora en el que alegaba que estos elementos de convicción fueron incorporados por la Fiscalía Nación a esta investigación por fiscales que no estaban incluidos expresamente en la resolución judicial de allanamiento, hecho que vulnera el derecho a la inviolabilidad de domicilio por lo que las actas suscritas deben ser excluidas por ser “prueba prohibida”.
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No obstante, el magistrado concluyó que no hubo vulneración de derechos durante estos allanamientos al anotar que tanto en el domicilio de Silvia Monteza, donde ella se encontraba, y en su oficina congresal se autorizó el ingreso de los fiscales autorizados administrativamente con lo cual se convalidó el allanamiento y no se requirió descerraje.
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