La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedentes denuncias constitucionales contra varios jueces supremos acusados por delitos de función, entre ellos, los magistrados, José Luis Lecaros y César San Martín.
Estas denuncias presentadas por un ciudadano también alcanzaban a los jueces supremos José Luis Salas Arenas, Elvia Barrios, Aldo Figueroa, Hugo Príncipe Trujillo, Sabina Chávez, Manuel León Quintanilla, Jorge Castañeda e Iris Pacheco.
La acusación se sustentaba en los presuntos delitos de prevaricato y falsedad genérica, infracción constitucional vulneración de los deberes para con la patria, vulneración al debido proceso y la tutela jurisdiccional, y vulneración del derecho a la debida motivación de las acciones judiciales.
