Denunciados por corrupción de funcionarios, la última Mesa Directiva del Congreso fue acusada de haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias y usurpación de funciones.
Pedro Olaechea, Karina Beteta, Salvador Heresi y Marvin Palma, titulares de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía de la Nación por la aprobación del Programa de Incentivos por Retiro Voluntario en el Congreso.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Raúl Arca Araníbar, quien acusa a los miembros del disuelto Congreso de haber incurrido en el delito de corrupción de funcionarios.
La acusación del letrado contra Olaechea, Beteta, Heresi y Palma indica que estos cometieron tráfico de influencias en concurso real y usurpación de funciones en calidad de abuso de autoridad.
Entre los denunciados también se cuentan al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, quien fue nombrado por Pedro Olaechea; Lucy Huaytalla, jefa de Recursos Humanos; y Samuel Morales, director de Administración del Congreso.
Como prueba de la comisión de los delitos que imputa, el abogado remitió al despacho de la Fiscalía de la Nación, que dirige la doctora Zoraida Ávalos, la copia del Acuerdo Plenario “ilegal que los denunciados tomaron para aprobar el Programa de incentivos por Retiro Voluntario PIRV a beneficiarios con rango de edades de 60 a 68 años y 11 meses”.
“Esta prueba instrumental demuestra que los denunciados sesionaron de manera ilegal. El fin es la extracción de millones de soles de manera ilegal para su trabajadores adictos a Keiko Fujimori”, señala en su documento el denunciante.
