Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decretó el estado de excepción en siete provincias del país mediante el Decreto Ejecutivo 134, emitido el 16 de septiembre de 2025. Esta medida, con una duración inicial de 60 días, responde a una situación de «grave conmoción interna» provocada por bloqueos de vías, paralizaciones y actos de violencia. Las provincias afectadas por esta decisión son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
En estas regiones se han registrado manifestaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, así como movilizaciones en defensa del agua y contra proyectos mineros, como el de Loma Larga en Cuenca. Además, se han evidenciado bloqueos de carreteras y actos de violencia que dificultan la libre circulación y el normal desarrollo de las actividades económicas.
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«La violencia y los intentos de desestabilización no serán tolerados», señaló la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.
