La Comisión Permanente del Congreso evaluará este martes 7 de febrero el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La denuncia constitucional, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, alcanza a Juan Silva y Geiner Alvarado, en su condición de exministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente.
COMISIÓN PERMANENTE DECIDIRÁ EL MARTES 7 SI PASA AL PLENO DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA EXPRESIDENTE
De ser aprobado, el informe final, sustentado por el congresista de Avanza País, Diego Bazán, tendrá que ser votado en el Pleno del Congreso.
Al expresidente Castillo Terrones se le imputan los siguientes delitos:
Contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, delito tipificado en el primer y segundo párrafos del artículo 317 del Código Penal, en concordancia con la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado.
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También contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de tráfico de influencias agravado, previsto en el artículo 400 del Código Penal.
Por último, se le acusa de ser presunto cómplice del delito contra la administración pública delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de colusión, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, concordante con el artículo 25 del Código Penal, en agravio del Estado.