La Junta de Fiscales Supremos cuestionó al Poder Ejecutivo luego de promulgar la Ley 32326, que modifica la normativa sobre extinción de dominio.
De acuerdo con el pronunciamiento de ayer lunes, la nueva ley afecta gravemente los avances que se obtuvieron en la recuperación de activos ilícitos, al exigir una sentencia firme y consentida para iniciar el proceso y así establecer un plazo de cinco años, cuando anteriormente era indefinido.
Los fiscales supremos señalaron que la ley exige una sentencia firme para iniciar el proceso de extinción de dominio y fija un plazo de cinco años, lo cual frena la recuperación de activos ilícitos. Además, indicaron que la norma fue aprobada sin considerar las observaciones del Ministerio Público ni de expertos en la materia.
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Asimismo, advirtieron que la ley contradice tratados internacionales como las convenciones de Palermo y Mérida.
