El abogado penalista Roberto Pereira comenta sobre la decisión del Parlamento de seguir con el proceso para remover a la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
El Pleno del Congreso de la República tiene programada una sesión hoy a partir de las 14:00 horas para discutir el informe final de la Comisión de Justicia, que recomienda la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntas «faltas graves» en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ayer se dio a conocer un fallo del Poder Judicial que paraliza este proceso.
En concreto, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió que la medida cautelar presentada por los integrantes de la JNJ sea declarada «fundada» y ordenó la suspensión inmediata de la votación que se llevaría a cabo esta tarde en el Congreso.
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“Se dispone suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia les formulara a los demandantes como parte del inicio de la investigación sumaria que le fuera encargada mediante la aprobación de la Moción de Orden del Día N° 7565 y todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma”, se lee en la resolución.
Adicionalmente, el fallo estableció que la decisión tendrá vigencia mientras aún no se resuelva la acción de amparo también presentada por la JNJ “sin perjuicio de las investigaciones o procedimientos parlamentarios que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro”. Como se recuerda, en este recurso presentado por los magistrados se busca que se declare la nulidad de toda la investigación sumaria que se llevó a cabo en su contra.
A pesar de la decisión del Poder Judicial, en el Parlamento persistirán con el proceso contra la JNJ. Ante este escenario, la situación de los congresistas podría complicarse en términos legales según los expertos consultados.

Detenidos
El abogado Roberto Pereira destacó que la reacción del Parlamento de no acatar el fallo que suspende el proceso contra la JNJ es «inédita», ya que tradicionalmente se han respetado las decisiones judiciales incluso cuando se ha estado en desacuerdo. Hizo referencia al caso de la Megacomisión, liderada por el exlegislador Sergio Tejada, cuyo trabajo se paralizó tras declararse «fundado» un recurso de amparo a favor del expresidente Alan García en 2013.
Según el abogado, si los congresistas deciden sesionar esta tarde estarían incurriendo en desobediencia a una resolución del Poder Judicial, lo cual está tipificado como un delito en el artículo 368 del Código Penal.
“Los congresistas estarían incurriendo en esta figura penal con el agravante de que ya no están protegidos por la inmunidad y tampoco por la cuestión constitucional”, anotó Pereira. Agregó también que “no se requeriría una autorización del Congreso para poder perseguir ni procesar porque este es un delito común [el de desobediencia a la autoridad]”.
El asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) planteó la posibilidad de que se configure el delito de flagrancia delictiva, lo que podría llevar a la detención de los parlamentarios en caso de que se emita alguna orden desde el Ministerio Público.
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