El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en declaraciones a la prensa, defendió el proyecto legislativo del gobierno para establecer el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, con penas que van entre los 30 años de cárcel y la cadena perpetua.
Además, la propuesta señala en su única disposición complementaria que los policías y militares que sean denunciados por «actos realizados en cumplimiento de sus funciones», en el marco de los estados de emergencia, no puedan ser investigados ni procesados en el fuero civil.
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«Lo que resulta más importante fue una propuesta justamente del sector Interior: que todos los efectivos policiales y militares que, en el ejercicio de su función, pretendan ser investigados o sometidos a una justicia, esta sea en el fuero militar y no en el fuero común, porque tenemos que brindar, en esta oportunidad, una tolerancia al debido proceso, una idoneidad a las investigaciones, que estas sean practicadas por quienes realmente conocen, y no son otros que los fiscales militares y policiales«, aseguró.
