El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza contra la inhabilitación de 10 años para ejercer funciones en la administración pública que le impuso el Congreso de la República a inicios de diciembre pasado.
Según la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la audiencia para ambas partes quedó programada para el 9 de marzo de 2026.
Desde el inicio del procedimiento constitucional en el Legislativo, la también suspendida fiscal suprema denunció en todo momento “represalias” por parte de un sector de parlamentarios, quienes, según su versión, actuaron de esa manera debido a las más de 30 denuncias constitucionales que ella presentó durante su gestión, presuntamente vinculadas a casos de corrupción.
En ese sentido, afirmó que su hipótesis se confirma también por el hecho de no haber acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordenaba la reposición de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público en junio pasado.
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Frente a la acusación de vulneración de sus atribuciones, Espinoza buscó hacer valer sus derechos fundamentales, con el objetivo de regresar a la Fiscalía de la Nación.
