En el marco de la lucha contra la criminalidad organizada, sobre todo las extorsiones, las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones contribuirán de manera activa a erradicar las comunicaciones ilegales provenientes de establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
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Según el proyecto de ley 10228, del congresista José Luna Gálvez, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Perú, se plantea que las operadoras de telecomunicaciones, como Claro, Movistar, Bitel y Entel, son responsables por el uso prohibido del servicio de telecomunicaciones para establecer comunicaciones con fines delictivos.
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El proyecto de ley propone modificar el Decreto Legislativo 1688, que regula obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
