El 20 de agosto de 2024, un grupo de juristas y políticos denunció a la presidenta Dina Boluarte y a otros funcionarios de su Gobierno ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por las muertes en las protestas antigubernamentales registradas a fines de 2022 e inicios de 2023.
A más de seis meses, la comitiva anunció este jueves que ampliaron los alcances de la denuncia contra la jefa de Estado ante la instancia con sede en La Haya, debido a que han surgido una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de las autoridades presuntamente implicadas en la muerte de 49 personas.
El documento está suscrito por personajes como Walter Albán, exdefensor del Pueblo; Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros; Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca; Harold Forsyth, exrepresentante del Perú ante la OEA; Indira Huilca, excongresista; Sonaly Tuesta, exviceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; entre otras personalidades.
Leer también [Boluarte: Empleo creció 3 % en último trimestre en Lima gracias a resultados en]
“La ampliación se basa en la necesidad de completar información concreta sobre lo ocurrido en los últimos meses en relación con tales hechos y la situación de las víctimas, de acuerdo con los requerimiento jurídicos de la CPI”, se lee en el documento.
