Presidente Martín Vizcarra devolvió al Congreso ley fujimorista que permitiría salir de prisión a ex mandatario
El presidente Martín Vizcarra anunció ayer que su Gobierno ha decidido observar la autógrafa de la ley de ejecución humanitaria de pena que aprobó el Pleno del Congreso y que beneficiaría al ex mandatario Alberto Fujimori.
Como se recuerda, la iniciativa fue impulsada por la congresita fujimorista Yeni Vilcatoma a las pocas horas que el Poder Judicial decidiera anula el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori.
El proyecto de ley ingresó a trámite documentario el martes 9 de octubre. Exactamente 48 horas después y exonerada de comisiones por decisión de la Junta de Portavoces, fue aprobada por el pleno del Parlamento y además también se le exoneró de segunda votación.
En declaraciones a la prensa, el presidente Vizcarra reconoció que la norma “se tramitó en el Congreso de manera muy rápida”.
“Los argumentos están plenamente justificados. Nosotros dijimos que en el espíritu de fondo el Perú sí necesita una norma que posibilite que personas de avanzada edad que tengan problemas de salud puedan seguir arresto domiciliario. Estamos de acuerdo con ello. Pero necesitamos una norma que sea debatida a profundidad, que vea todas las aristas posibles para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean peligro para la sociedad”, explicó sobre la observación de la norma.
Las razones
Para el Ejecutivo, el Congreso aprobó la ley que establece la ejecución humanitaria de la pena con «falta de análisis», cuando lo que se requiere para temas sensibles como el abordado es un mayor consenso. Estos son los principales cuestionamientos a la iniciativa promovida por Fuerza Popular.
- Es inconstitucional y atenta contra la función jurisdiccional.
- Regula beneficios para personas determinadas (“leyes con nombre propio”).
- Beneficia a condenados por violaciones a los derechos humanos.
- Contraviene fines del cumplimiento de la pena y es incompatible con parámetros mínimos de la vigilancia electrónica.
- Atribuye responsabilidad penal a una persona por la transgresión de otra.
- Falta de debate en el Congreso, breve y superficial intercambio de ideas.
- Vulnera principios del régimen penitenciario establecidos en la Constitución.
