La ley 31091 (en su artículo 5) permite que las empresas privadas puedan importar las vacunas contra la COVID-19; pero el ministro de Salud, Óscar Ugarte, precisó que esto «no debería significar costo para el usuario» y que «eso no signifique romper la programación de prioridades y que por lo tanto terminen saltándose la fila«.
El ministro señaló el temor respecto a que este mecanismo legal para las empresas que cuentan con los recursos pueda generar que, por ejemplo, jóvenes que se encuentran en el grupo de tercera prioridad se terminen vacunando antes de los adultos mayores.
«Eso hemos planteado y los representantes del empresariado con los que hemos conversado están de acuerdo: hacerlo en esas condiciones, en ese orden, y sin romper esa priorización que ha hecho el Gobierno«, apuntó.
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Por otro lado, Ugarte descartó que haya «trabas burocráticas» para la importación de concentradores de oxígeno, un artículo utilizado por pacientes graves de la COVID-19 para poder seguir respirando.
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