En lo que se perfila como una de las mayores atrocidades contra el trabajo honrado en el litoral, un oscuro esquema de favorecimiento administrativo y judicial mantendría encadenada a la pesca nacional para beneficiar a un puñado de privilegiados. Esta grave situación encendió las alarmas de la opinión pública al denunciarse una escandalosa «captura administrativa» del sector pesquero que perdura desde hace 15 años.
¡Una verdadera injusticia en alta mar! Según fuentes de la Sociedad Nacional de Pesquería del Sur, mientras los armadores de esfuerzo real arriesgan la vida y luchan día a día por no quebrarse, un cuestionado oligopolio de empresas «rentistas» se embolsaría jugosas ganancias sin mover un solo barco.
De acuerdo con las denuncias presentadas por fuentes de la Sociedad Nacional de Pesquería del Sur, en la zona sur existen más de 650 embarcaciones con cuotas asignadas (PMCE), pero solo 60 barcos salen a trabajar en el mar. El resto vive del parasitismo: acumulan derechos de pesca protegidos por normas tramadas «entre gallos y medianoche» y obligan a los verdaderos trabajadores del mar a pagar sobrecostos ilegales por el alquiler de derechos que le pertenecen al Estado.
¿FALLOS A LA MEDIDA?
La mecha que ha encendido la pradera se ubica hoy en los pasillos del Poder Judicial. Según fuentes de la Sociedad Nacional de Pesquería del Sur, se ha puesto al descubierto una aberrante resolución de primera instancia donde un juez habría rechazado el reclamo de un armador basando descaradamente su fallo en el Decreto Supremo N° 001-2015-PRODUCE… ¡una norma que está derogada desde el año 2017!
¿Incompetencia o dolo? Aplicar normas inexistentes para denegar el recálculo por esfuerzo pesquero configura un presunto delito de prevaricato (sancionado por el artículo 418 del Código Penal). Desde el sector gremial, según fuentes de la Sociedad Nacional de Pesquería del Sur, se advierte de forma tajante que, de confirmarse semejante atropello, no se trataría de un simple error administrativo, sino de la validación de un esquema que alcanzaría la responsabilidad penal en el marco de una presunta organización criminal involucrando a altos funcionarios del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y empresas privadas.
SALA EN LA MIRA
Hoy, la papa caliente y la responsabilidad de corregir esta abierta ilegalidad estaría en manos de la 1ra Sala Contenciosa Administrativa, integrada por los jueces Dr. Reyes (Presidente), Dra. Sánchez Tejada y Dra. Hinostroza Bruno.
Según fuentes de la Sociedad Nacional de Pesquería del Sur, se mantendrá una vigilancia estricta sobre cada resolución de estos magistrados. La pregunta retumba en el puerto: ¿Se impondrá la legalidad o cederán a los favores políticos para consolidar un oligopolio ilegítimo?
