El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, argumentó que la decisión del Ejecutivo peruano de otorgar el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez responde estrictamente a la defensa de los intereses nacionales y comerciales del país.
El funcionario remarcó que, tras haber sentado una postura institucional ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por el uso indebido de la figura del asilo político, resultaba inviable comprometer los lazos diplomáticos con México. Por ello, priorizó el bienestar económico general sobre la situación particular de una exfuncionaria del régimen golpista de Pedro Castillo.
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Álvarez Miranda explicó el proceso institucional que fundamentó la postura previa del gabinete, detallando que la prioridad inicial del Perú fue alertar a la comunidad internacional sobre la distorsión del asilo.
