A fin consolidar la calidad educativa, salvaguardar la seguridad e integridad de los estudiantes, el gobierno aumentó de cuatro a 17 los delitos por los que un docente con sentencia condenatoria será inhabilitado de trabajar en cualquier instancia de sistema educativo nacional, desde centros escolares hasta universidades, sea pública o privada.
Se creará registro de personas condenadas o procesadas con sentencia consentida o ejecutoriada
Así lo establece el Decreto de Urgencia que modifica la Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo con esta norma, no podrán trabajar tampoco en el sistema educativo quienes estén implicados en casos de proxenetismo, pornografía infantil, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos y trata de personas.
A estos se suman quienes sean acusados de delitos de explotación sexual, esclavitud, homicidio doloso, parricidio, feminicidio, sicariato, secuestro, genocidio, desaparición forzada y tortura.
Todos ellos serán inhabilitados definitivamente para ingresar o reingresar a prestar servicios como docente en instituciones de educación básica, centros de educación técnico-productiva, institutos o escuelas de educación superior, instituciones de educación superior artística, universidades, escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o sus organismos públicos adscritos, Direcciones o Gerencias Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local y, en general, en toda institución u organismo educativo.
