Dina Boluarte: Retraso en promulgación de ley 9733 sobre detención preliminar genera críticas

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Dina Boluarte: Retraso en promulgación de ley 9733 sobre detención preliminar genera críticas
Dina Boluarte: Retraso en promulgación de ley 9733 sobre detención preliminar genera críticas

La presidenta Dina Boluarte lleva 8 días sin promulgar la ley que restituye la detención preliminar para casos de no flagrancia, generando críticas y dudas.

La presidenta Dina Boluarte enfrenta cuestionamientos por no promulgar la ley 9733, que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta normativa, aprobada hace más de una semana por el Congreso, busca revertir la eliminación de esta herramienta legal, introducida por la ley 32181 en diciembre.

La ley 32181 eliminó la detención preliminar sin flagrancia, limitando el accionar de fiscales y jueces en casos complejos. Esto desató críticas por su posible impacto negativo en la lucha contra la corrupción y la criminalidad. Como respuesta, el Congreso aprobó con 79 votos a favor el proyecto de ley 9733, que reintroduce esta figura legal con ciertas modificaciones.

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Detalles de la ley 9733

La nueva normativa establece que los jueces de investigación preparatoria pueden ordenar detenciones preliminares, siempre que el fiscal lo solicite y existan pruebas razonables de delito. Según el texto del proyecto:

«El juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, emite una resolución debidamente motivada […] y dicta mandato de detención preliminar cuando no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existen elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, se presentan indicios razonables de posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad».

Críticas hacia Dina Boluarte

La demora en la promulgación ha generado especulaciones sobre posibles intereses políticos detrás de la inacción presidencial. Esta situación despierta dudas sobre el compromiso del gobierno en fortalecer las herramientas legales para combatir delitos graves y proteger el sistema judicial.