El Poder Judicial ordenó la libertad de la empresaria Sada Goray luego de evaluar el recurso de casación interpuesto por su defensa.
Esta medida implica la revocación de la prisión preventiva de 30 meses que enfrentaba la empresaria y la implementación de un nuevo mandato de comparecencia con restricciones e imposibilidad de salir del país por 36 meses.
Goray estaba involucrada en un caso relacionado con presuntas coimas vinculadas al Fondo Mi Vivienda. Durante el proceso judicial, admitió parcialmente su responsabilidad en los hechos investigados, lo que fue un punto crucial en la evaluación del tribunal.
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La Fiscalía había solicitado inicialmente una prisión preventiva de 30 meses, argumentando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Sin embargo, la defensa de Goray presentó una serie de evidencias que fueron determinantes para cambiar el rumbo del caso.
