El desbloqueo del dinero, que manejará la ONU, podría permitir que se avance en una fecha para las elecciones presidenciales de 2024
La liberación de los activos retenidos de Venezuela había enfrentado dificultades debido a la considerable deuda del país. Este debía miles de millones de dólares en préstamos comerciales y laudos arbitrales. Varios acreedores habían enfocado sus esfuerzos en los activos fuera del país, congelados por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Fue un intento por recuperar las deudas del Gobierno y la petrolera estatal PDVSA. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, tenía 31 toneladas de lingotes de oro retenidos, y lo mismo ocurría con algunas cuentas del Banco Central de Venezuela en Estados Unidos.
La protección diplomática especial proporcionada por Estados Unidos para salvaguardar estos activos ha allanado el camino para su liberación. Se disipan las preocupaciones del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre posibles complicaciones legales. El proceso ha implicado la participación de funcionarios de los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos. Naciones Unidas, con sede en Nueva York, actuará como depositaria de estos fondos y supervisará que se utilicen de acuerdo con el propósito acordado.
Jorge Rodríguez, el principal negociador del Gobierno en las conversaciones en México, enfatizó que estos recursos son considerados como «legítimos del Estado de Venezuela» y que su liberación representa un avance en el derecho del pueblo venezolano a utilizar y disfrutar de sus activos y recursos, que habían sido bloqueados de manera ilegal e injusta.
La liberación de estos fondos no está condicionada a ningún gesto de apertura por parte del Gobierno chavista. Sin embargo, tanto la oposición como Noruega, el país facilitador de las conversaciones, esperan que este paso contribuya a seguir avanzando en el diálogo, que tiene como objetivo encontrar una solución consensuada a la crisis política y social en Venezuela. Este desarrollo puede abrir nuevas posibilidades para un proceso de diálogo constructivo entre las partes involucradas.
Puedes leer:
México analiza la extradición de Ovidio Guzmán a EE.UU. por pedido del juez




